¿Cómo los gobiernos y las fintech pueden unirse de manera colaborativa?

Álvaro Maldonado

Gerente Comercial @ Kushki Ecuador

diciembre 17, 2020

Lectura de 4 minutos

Lentas y burocráticas. Esa es la percepción que históricamente ha existido sobre las instituciones públicas y los trámites que se realizan a través de ellas. Un sector que hasta hace poco no se había digitalizado y que aún no ha dimensionado del todo los beneficios de hacerlo, ni tampoco ha cuantificado el ahorro en cantidad de dinero y tiempo que la digitalización podría traer. Pero ese ritmo ya se ha acelerado, porque la pandemia ha puesto en riesgo los trámites presenciales, obligando a hacerlos disponibles en línea.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los gobiernos les cuesta hasta 40 veces más un trámite presencial que un trámite digital, por los recursos que debe disponer. También, al ciudadano le toma en promedio 5,4 horas hacer un trámite y en algunos países, hasta 11 horas. Un trámite digital, en cambio, puede llegar a tomar un 74% menos de ese tiempo.

En la Unión Europea, el 81% de los trámites son en línea. En nuestra región, solo el 7% de la población realizó su último trámite de manera digital. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) posicionan a la región en un nivel de desarrollo intermedio respecto a otras regiones del mundo en cuanto a ecosistema digital. Con un índice de 49,9 (en escala de 0 a 100), Latinoamérica está rezagada frente a Europa Occidental (71,06) y América del Norte (80,8). Además, la tasa de crecimiento anual en digitalización también se ha ralentizado, creciendo un 6,21% entre 2014 y 2018, la más baja de todas las regiones emergentes.

Algunos servicios públicos ya ofrecen pagos digitales para trámites, sin embargo, la difusión es baja, lo que no fomenta su uso entre los contribuyentes. Además, muchos portales públicos son complejos y poco amigables con el usuario, lo que deriva en una baja conversión de transacciones y un retraso frente a los distintos sistemas de administraciones públicas del mundo. De hecho, las cifras del BID señalan que el 40% de los trámites digitales son muy difíciles de entender y no se pueden finalizar.

La oportunidad

En Estonia, un país líder en cuanto a digitalización del Estado, el 99% de los trámites se hacen en línea. Uno de los principales avances son las firmas digitales, que se emplean 1,3 millones de veces por semana. Según el Gobierno de ese país, gracias a eso ahorran una semana laboral por persona al año, o el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Otros de sus avances han sido eliminar el uso del papel en trámites, implementar el voto digital, crear residencias virtuales o e-residencias y hasta un identificador digital desde que nace una persona en ese país.

Todo eso deja en claro que queda mucho por avanzar y que imitar de los países que llevan ventaja y son más desarrollados en este tema. El proceso de digitalización del sector público tiene asociado una serie de beneficios: son avances que se pueden alcanzar de manera ágil y en el corto plazo, con un inmediata percepción positiva y satisfacción de los ciudadanos. Es decir, son medibles y testeables en plazos rápidos.

También, la introducción de tecnología en la administración pública genera menos corrupción debido a que todo queda registrado, menores desplazamientos y tráfico vehicular, menor contaminación e impacto ambiental, y eficiencia administrativa con menores costos y burocracia.

Un partner tecnológico

En Colombia, Kushki digitalizó el proceso de obtención del Certificado de Tradición y Libertad, que otorga la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Este certificado es requerido para una serie de trámites en Colombia y entrega toda la información sobre un predio y sus titulares. Su demanda es alta: se emiten entre 23 mil y 75 mil certificados cada día, porque es requerido para comprar o vender un inmueble, aplicar a créditos hipotecarios, entre otras cosas. Con Kushki, los usuarios de la SNR pueden adquirir su certificado de manera digital, ahorrando tiempo y dinero en traslados hacia las oficinas. La obtención del certificado con este método demora menos de un minuto.

Otro caso es el del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encargado de entregar el histórico vehicular de los autos. A través de la alianza con Kushki, ahora es posible pagar el documento con tarjetas y PSE, expandiendo las opciones de pago disponibles.

La ventanilla virtual

En Ecuador, el Municipio de Guayaquil también ha comenzado a digitalizarse con nuestras soluciones. El pago del impuesto predial, un tributo obligatorio que se cobra una vez al año por cada propiedad, ahora puede realizarse en línea a través de un portal integrado con botón de pagos, desarrollado específicamente para esta entidad. El usuario acepta el pago de una comisión por el uso del servicio, pero eso se traduce en un ahorro de tiempo y en mayor comodidad.

Para la implementación de este proyecto, contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en la industria de cobros online, seguridad y experiencia de pagos. La actual situación de la pandemia a nivel mundial ha potenciado el comercio electrónico y también la digitalización de entidades públicas que buscan acercarse a sus usuarios de manera fácil y segura.

Transformación estatal

En noviembre de 2020, se realizó la VI Reunión Ministerial de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe, en donde se expuso que Ecuador ha logrado cambios sustanciales en cuanto a transformación digital, subiendo 10 puestos con respecto a 2018 en cuanto a la aplicación del Gobierno Electrónico a nivel global (puesto 74 de 193 países). Actualmente, el país registra más de 70% de trámites en línea del Gobierno Central y se espera que para mayo de 2021 sea el 90%.

Si bien el Índice de Preparación Digital 2019 de Cisco ubicó a Chile como el país más preparado digitalmente, seguido por Uruguay y Costa Rica, los países de la región aún están en una posición bastante baja con respecto al nivel global, lo que demuestra que todavía hay necesidades desatendidas para resolver mediante la colaboración entre empresas fintech y gobiernos.

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